Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho fueron trasladados a La Paz para participar este lunes en la audiencia de revisión de su detención preventiva, en el marco del caso denominado “Golpe I”. La audiencia fue convocada tras una instrucción del presidente del Tribunal Supremo de Justicia para verificar el cumplimiento de los plazos legales de la medida cautelar.
La Paz, 25 de agosto de 2025 – La ciudad de La Paz se convierte nuevamente en el centro de atención judicial con la realización de la audiencia de revisión de medidas cautelares contra el exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos implicados en el caso conocido como “Golpe I”.
Pumari fue trasladado desde el penal de Cantumarca, en Potosí, hacia la cárcel de San Pedro, en La Paz, durante la noche del domingo. El exdirigente potosino llegó a la sede de gobierno minutos antes de las 07:00 del lunes, y al ingresar al recinto penitenciario exclamó ante los presentes: “¡Viva Bolivia!”.
Se espera que en las próximas horas también sea trasladado Camacho, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha.
La audiencia está prevista para las 14:00 de este lunes en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La convocatoria surgió a raíz de una instrucción emitida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, quien pidió a los tribunales departamentales que verifiquen si se están cumpliendo los plazos legales de la detención preventiva impuesta a los acusados.
La disposición también alcanza a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, que al igual que Camacho y Pumari, enfrenta procesos judiciales por su supuesta participación en los hechos ocurridos durante la crisis política de 2019.
El caso “Golpe I” es uno de los procesos más emblemáticos surgidos tras la renuncia de Evo Morales, y ha generado un intenso debate político y jurídico en el país, dividiendo opiniones entre quienes consideran que hubo un quiebre institucional y quienes afirman que se trató de una sucesión constitucional.
Fuente: El Deber
