El pan de batalla, alimento básico en Bolivia, atraviesa una crisis estructural: sin harina subsidiada, los panificadores reportan pérdidas del 63% por cada unidad vendida. Pese a ello, el precio se mantiene en Bs 0,50 gracias a una frágil tregua entre el Gobierno y el sector, alcanzada tras una huelga de 48 horas.
La elaboración del pan de batalla en Bolivia enfrenta una de sus peores crisis de rentabilidad en más de una década. Según un informe técnico de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol), cada unidad de pan se produce a un costo de Bs 1,35, pero se vende a Bs 0,50, generando una pérdida directa de Bs 0,85, lo que equivale al 63% del valor real.
El estudio, basado en la producción de una panadería mediana con cuatro quintales de harina (200 kg), reveló que, tras las mermas y raciones internas, se obtuvieron 2.559 panes disponibles para la venta, generando una pérdida diaria de Bs 2.275,91.
Este desequilibrio económico detonó una huelga nacional de 48 horas, que fue levantada tras una reunión con la estatal Emapa, en la que se prometió normalizar la entrega de harina subsidiada hasta el 20 de agosto. Según el dirigente Rubén Ríos, aunque el sector no quedó totalmente conforme, decidió suspender el paro “por respeto a la población”.
La crisis dejó ver grietas en el modelo de subsidio estatal. El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, aseguró que el paro tenía tintes políticos y denunció supuestas irregularidades, incluyendo desvío de insumos subsidiados al mercado negro, por lo que anunció sanciones y posibles investigaciones penales. Además, advirtió que quienes no trabajen no recibirán las cuatro bolsas diarias de harina asignadas por convenio.
Por su parte, el gerente de Emapa, Franklin Flores, defendió la política de subvención, afirmando que el Estado invierte más de Bs 1.000 millones anuales solo en harina subsidiada. La estatal entregó este viernes 7.000 bolsas de 50 kilos en La Paz, como parte del cupo diario comprometido.
“El pan sigue a 50 centavos porque el Estado absorbe la diferencia entre los Bs 109 que paga el panificador y los Bs 488 que cuesta en el mercado. Pero esto no puede sostenerse sin fiscalización ni compromiso mutuo”, dijo Flores.
El conflicto dejó al descubierto la fragilidad de un sistema que evita ajustes de precio, pero no resuelve las distorsiones económicas del sector. Mientras no se modernice el modelo de subsidio y control, el riesgo de nuevos paros y escasez persiste, y miles de panaderías pequeñas continúan operando al borde de la quiebra.
