Juan Carlos Villafuerte, aprehendido por supuesta difusión de información falsa sobre el sistema financiero, fue liberado tras una orden judicial. El joven negó haber cometido delito y agradeció el respaldo de la población mientras el proceso continúa en investigación.
La tarde de este miércoles, el tiktoker cruceño Juan Carlos Villafuerte salió libre tras la orden emitida por el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz, Hugo Huacani. Villafuerte, de 21 años, fue aprehendido por la denuncia presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que lo acusó de difundir “información descontextualizada” que podría afectar la estabilidad del sistema financiero.
En sus primeras declaraciones luego de la liberación, Villafuerte negó haber cometido delito alguno y defendió su derecho a la libertad de expresión. “Yo tenía entendido que la orden de aprehensión ya había sido anulada y no era válida, pero me aprehendieron y después se dieron cuenta que fue un error”, afirmó.
El joven agradeció el apoyo recibido por parte de activistas, periodistas y la población que estuvo pendiente de su situación. “Seguiré creando contenido en mis redes sociales”, aseguró.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, explicó que una comisión de fiscales revisó el caso y decidió no presentar imputación formal contra Villafuerte, aunque el proceso penal sigue abierto para continuar una investigación objetiva, respetando el debido proceso.
Mientras tanto, la ASFI reiteró que la denuncia se presentó conforme al Artículo 491 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, debido a la difusión de información que podría inducir a retiros masivos y dañar la confianza en el Sistema Financiero Nacional. En un comunicado, la entidad destacó que el tiktoker habría expresado frases como “Peligran los bancos en Bolivia” y que “ya no pueden tener su dinero guardado en el banco, porque están perdiendo plata”.
El caso sigue generando un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección del sistema financiero, con las autoridades judiciales y financieras en constante revisión de las acciones a seguir.
Fuente: El Deber
