En medio de críticas por recientes resoluciones judiciales favorables a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Saucedo, reiteró que no se busca impunidad, sino el respeto estricto al debido proceso y la recuperación de la independencia judicial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Romero Saucedo, aseguró que el sistema judicial boliviano no está promoviendo la impunidad en los casos más sensibles de la agenda política nacional, sino aplicando un principio fundamental del Estado de derecho: el respeto al debido proceso. Sus declaraciones surgen luego de que los tribunales emitieran decisiones que beneficiaron a figuras como la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Pumari, todos investigados por hechos vinculados a la crisis política de 2019.
“No es que va a haber impunidad. Lo que sí habrá son todas las condiciones para que los procesados puedan defenderse con las garantías que aquello implica”, afirmó Saucedo en una entrevista con EL DEBER Radio. Enfatizó que las medidas cautelares, como la detención preventiva, deben ser entendidas como excepcionales y no como regla, como —según él— venía ocurriendo anteriormente.
El magistrado también se dirigió a los ciudadanos bolivianos que salieron del país por temor a represalias judiciales, animándolos a volver con la promesa de un sistema más equilibrado: “Se reestableció el estado de derecho (…) así como las víctimas tienen derecho, también los imputados o los procesados tienen sus derechos y hay que hacerlos respetar”.
Uno de los pasos clave que, según Saucedo, marca un quiebre con el pasado, fue la disolución de la Comisión 898, una instancia creada en la Cumbre de la Justicia y presidida por el Ministerio de Justicia. Con su cierre, aseguró que el Órgano Judicial ha recuperado su independencia del Ejecutivo. “Durante muchos años lo sometieron al Órgano Judicial y le hicieron creer que era un apéndice del Ejecutivo”, remarcó. “Nosotros hemos hecho recobrar la independencia y ponernos al mismo nivel de otros órganos del Estado”.
La instrucción emitida por Saucedo el pasado 22 de agosto —que ordenaba a los tribunales revisar los plazos de detención preventiva de procesados como Áñez, Camacho y Pumari— provocó una ola de audiencias que derivaron en resoluciones favorables para ellos, incluidas salidas de la cárcel para los últimos dos. Las decisiones generaron críticas en sectores políticos que temen una posible politización del aparato judicial en beneficio de ciertos actores.
Saucedo, sin embargo, defendió el accionar de los jueces y reafirmó que su gestión está comprometida con devolver credibilidad al Órgano Judicial en un año clave para el país: el Bicentenario. “Todos tienen derecho a celebrar con sus seres queridos, incluso los que se fueron al exterior por temor o porque no se sentían seguros por la justicia que tenían”, reflexionó.
Mientras tanto, el debate sobre la independencia judicial, la aplicación de la ley y el tratamiento igualitario a víctimas y procesados se mantiene abierto en Bolivia, con un sistema que intenta reconstruir su legitimidad frente a una sociedad marcada por desconfianza y polarización.
Fuente: El Deber
