Tras la sorpresiva presentación de un consorcio privado que asegura poder importar combustible a Bolivia a un precio de Bs 3.07 el litro, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, respondió este jueves con un desafío público: formalizar la propuesta ante la estatal petrolera y demostrar su capacidad de cumplimiento en un plazo máximo de 20 días.
La polémica se desató luego de que dirigentes del transporte sindicalizado de El Alto, liderados por Reynaldo Luna, presentaran este miércoles a un supuesto representante del consorcio, identificado como “doctor Rocha”, quien afirmó tener la capacidad de abastecer combustible al país en un plazo de 15 días, con un precio inferior al actual y bajo la modalidad de crédito de producto, no de dinero.
Según la propuesta, el consorcio estaría dispuesto a firmar un contrato por 12 meses, y respaldar la operación con una boleta de garantía bancaria. La presentación, realizada públicamente, generó escepticismo y también expectativa ante la posibilidad de aliviar la escasez de combustibles que afecta a varias regiones del país.
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Ante esto, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, retó al consorcio a formalizar su oferta ante las oficinas de la estatal, ya sea en La Paz o en Santa Cruz. “No le vamos a dar 10 o 15 días, como dijo. Le vamos a dar 20 días para que pueda hacer la provisión del combustible”, afirmó.
Dorgathen añadió que la gerente de contrataciones de YPFB está lista para recibir la propuesta formal, que deberá seguir el proceso de adjudicación correspondiente. “Si realmente puede entregar el litro a Bs 3.07, como lo propuso, que lo haga. Pero si no puede cumplir, tendrá que pedir disculpas públicas por hacer propuestas que no se pueden cumplir”, advirtió el ejecutivo.
El desafío pone a prueba la seriedad de la iniciativa presentada por los transportistas y abre la puerta a una potencial contratación extraordinaria, en un contexto donde el abastecimiento de combustibles se ha convertido en un tema crítico para la economía nacional.
El Gobierno y YPFB mantienen actualmente una política de subvención a los hidrocarburos, con altos costos fiscales, mientras persiste una demanda creciente de soluciones estructurales para asegurar el suministro energético del país.
