Comunarios piden el respaldo de la población tarijeña para el jueves
El proceso impulsado por YPFB y Petrobras arranca este jueves en medio de denuncias por irregularidades, temor en comunidades y una petición de informe a la Fiscalía General del Estado.
El inicio del juicio contra 12 defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía ha reactivado el debate sobre los límites de la justicia en conflictos socioambientales en Bolivia. El proceso, promovido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la petrolera Petrobras, llega marcado por denuncias de vulneración de derechos, irregularidades procesales y cuestionamientos desde el ámbito político e institucional.
Mientras los comunarios se preparan para comparecer ante la justicia, la Brigada Parlamentaria de Tarija ha elevado una petición de informe a la Fiscalía General del Estado para esclarecer los fundamentos legales del caso, ampliando la presión sobre el sistema judicial.
Un proceso con acusaciones cuestionadas
Los 12 comunarios enfrentan cargos por presuntos delitos de impedir el ejercicio de funciones, atentado contra la libertad de trabajo e instigación pública a delinquir. Sin embargo, desde la defensa —asumida por el Colegio de Abogados de Tarija— se cuestiona tanto el fondo como la forma del proceso.
Entre los acusados se encuentran: Ramiro Rodrigo Altamirano Garay, José Andrés Miranda Rojas, María Nelly Coca Flores, Juan Mendoza Gutiérrez, Crispín Mendoza Anachuri Juanita Martina Mercado, Carlos Bersain Guerrero Rivera, Soraide Farfán Meza, Elieceo Mendoza Anachuri, Paulina Gareca Baca, Felix Choque Vega, y Arcangel Coca Flores.
El abogado Rilber Solís Terrazas, que es parte del equipo del Colegio de Abogados de Tarija designado para la defensa de los comunarios, advierte que el caso presenta inconsistencias desde su origen. Inicialmente eran 17 los acusados, pero cinco fueron apartados sin una explicación clara, manteniéndose el proceso contra los restantes.
A ello se suma la polémica forma de notificación. Según la defensa, las citaciones se realizaron vía WhatsApp, un mecanismo que consideran inapropiado, tomando en cuenta que muchas de las comunidades involucradas carecen de cobertura telefónica.
“De los 12, solo uno pudo conocer la notificación porque vive en una zona con señal”, explicó Solís, al detallar que ya se han presentado incidentes procesales, entre ellos la nulidad de notificaciones y una excepción de prejudicialidad debido a la existencia de un proceso paralelo en el Tribunal Agroambiental.
Temor y división en las comunidades
Desde el Colegio de Abogados también se ha denunciado un clima de presión en las comunidades que se oponen a las actividades hidrocarburíferas.
El presidente de este ente colegiado, Fernando Valverde, sostuvo que las empresas involucradas han generado temor entre los comunarios, lo que ha limitado su participación en procesos legales y organizativos.
Según Valverde, existe preocupación por posibles demandas civiles millonarias por daños y perjuicios, lo que —asegura— no corresponde en esta etapa del proceso.
“Se ha sembrado temor en las comunidades, incluso provocando divisiones entre familias”, afirmó, al advertir que esta situación debilita la defensa colectiva del territorio.
Intervención legislativa
El caso ha escalado al ámbito político. El presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, confirmó el envío de una petición de informe escrito a la Fiscalía General del Estado.
El objetivo es conocer los criterios jurídicos que sustentan el enjuiciamiento de los 12 comunarios, así como las razones que derivaron en el sobreseimiento de los otros cinco inicialmente implicados.
Corvera también puso sobre la mesa un elemento de mayor alcance: la posible vulneración del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Bolivia que protege a los defensores del medio ambiente.
“Las personas que defienden la naturaleza no deberían ser perseguidas judicialmente”, enfatizó, al señalar que este caso podría sentar un precedente preocupante a nivel nacional.
Piden parar el proyecto Domo Oso X-3
El juicio se enmarca en una disputa más amplia por el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3, que se pretende ejecutar en una zona considerada de alta sensibilidad ambiental.
En ese contexto, la Brigada Parlamentaria también ha solicitado al Tribunal Agroambiental la paralización definitiva del proyecto, argumentando irregularidades en la categorización ambiental y la ausencia de una consulta previa adecuada a las comunidades.
