Un caso de violencia dentro de una colonia menonita de la zona de Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz, conmociona a la región tras conocerse que un joven fue brutalmente agredido presuntamente por no asistir a los servicios religiosos y por incumplir normas internas de la comunidad. El afectado permanece en terapia intensiva con un estado de salud descrito como “muy delicado”.
Un familiar cercano, que pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, relató que el joven fue atacado por otros miembros de la colonia luego de que decidiera dejar de trabajar con su padre y mostrara desacuerdo con ciertas reglas comunitarias. Según su testimonio, los agresores —entre ellos menores de edad— actuaron justificándose en las obligaciones de trabajo impuestas dentro de la colonia.
Aclaró, sin embargo, que aunque en estas comunidades existen normas estrictas, la violencia física no es una práctica habitual ni aceptada. “No es normal, pero ellos hacen eso para que se vuelva en su mente, para que cumpla las reglas”, lamentó.
El caso salió a la luz tras la denuncia de Derechos Humanos, que calificó los hechos como secuestro y tortura. Durante la audiencia cautelar realizada el miércoles, la Justicia determinó detención preventiva para uno de los acusados y detención domiciliaria para otro, ambos señalados como presuntos responsables de las agresiones.
La jueza del caso también dispuso medidas de protección para la víctima, lo que implica el traslado urgente de toda su familia a otra colonia. Esta decisión, aunque necesaria para garantizar su seguridad, implica que el núcleo familiar perderá todos los bienes que poseía en su comunidad de origen.
La familia del joven, con recursos económicos limitados, hizo un llamado a la solidaridad para cubrir los crecientes gastos médicos. “No tienen mucho, y el costo va a subir alto; piden ayuda para lo que va a faltar de la clínica”, señaló el familiar.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites de las normas internas en las comunidades menonitas y la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos dentro de ellas.
