Un operativo conjunto del Ministerio Público y la Policía Boliviana derivó en el allanamiento simultáneo de oficinas de Derechos Reales y del Consejo de la Magistratura en la ciudad de Tarija, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados al servicio registral.
Las intervenciones se realizaron en al menos tres puntos: las oficinas de Derechos Reales ubicadas en el tercer piso del mercado Bolívar, las oficinas del mercado El Molino y dependencias del Consejo de la Magistratura situadas en inmediaciones de Cossalt. En el operativo participaron efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Unidad de Delitos Anticorrupción, personal de inteligencia del DASI y fiscales asignados al caso, bajo la supervisión del fiscal departamental.
Como parte de las acciones investigativas, las autoridades suspendieron la atención al público y procedieron a la revisión y secuestro de documentación, registros y libros administrativos, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y determinar responsabilidades.
De acuerdo con la información preliminar, la investigación se centra en presuntas irregularidades cometidas por una funcionaria, identificada como Wendy Martínez, quien habría entregado folios a terceras personas y no a los legítimos propietarios, lo que habría generado inseguridad jurídica en trámites registrales.
Desde el Consejo de la Magistratura se informó que la funcionaria habría desempeñado funciones de manera provisional en una unidad y posteriormente en otra dependencia, por lo que el allanamiento alcanzó a más de una oficina vinculada a su trabajo. Las autoridades señalaron que se colaborará con el Ministerio Público para esclarecer los hechos y determinar si existen otras personas involucradas.
El operativo generó la suspensión temporal de la atención en las oficinas intervenidas, lo que provocó molestias entre usuarios que aguardaban realizar trámites. Sin embargo, las autoridades señalaron que las medidas forman parte de las acciones destinadas a transparentar el servicio registral y garantizar la seguridad jurídica.
Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas diligencias en el marco del proceso.
Fuente: El Pais
