La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de abrogación de la Ley 1720; aunque introdujo dos disposiciones transitorias que obligan a devolver la norma a la Cámara de Diputados para su revisión final, en medio de un clima de protestas, bloqueos y movilizaciones en distintas regiones del país.
La sesión se desarrolló con la presencia de marchistas campesinos e indígenas provenientes de Pando y Beni, sectores que impulsaron inicialmente las protestas contra la normativa y que permanecen movilizados en La Paz desde hace más de un mes.
“Queda aprobada la presente ley, por tanto debe ser devuelta a la Cámara de Diputados para considerar las modificaciones introducidas en esta Cámara”, afirmó el presidente del Senado, Diego Ávila, tras la votación que aprobó la norma tanto en su estación en grande como en detalle. Posteriormente, la directiva declaró cuarto intermedio hasta este miércoles a las 09:00.
Las modificaciones incorporadas establecen que, en un plazo máximo de 60 días, las cámaras de Senadores y Diputados deberán concertar un nuevo marco normativo que defina procedimientos, coordinaciones y salvaguardas para que la pequeña propiedad agraria pueda acceder a beneficios mediante procesos técnicos, administrativos y legales de carácter voluntario, manteniendo la exclusión de áreas protegidas.
Asimismo, el texto dispone que la elaboración de la futura normativa deberá garantizar la participación de entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificadas, tomando como referencia las comisiones agrarias departamentales.
La inclusión de estos artículos transitorios generó cuestionamientos dentro del propio Senado. El senador Jesús Suárez Egüez rechazó las modificaciones y pidió aprobar el texto original para evitar mayores tensiones sociales.
“Hay gente que ha marchado más de un mes esperando esta decisión”, reclamó el legislador; aunque su postura no encontró respaldo mayoritario.
Por su parte, el senador Wilder Veliz criticó que la devolución de la norma a Diputados “es jugar” con las expectativas de los sectores movilizados; mientras que la senadora Claudia Mallón sostuvo que grupos “ultrarradicales” tergiversaron el verdadero alcance de la Ley 1720.
Uno de los pronunciamientos más llamativos fue el del senador opositor Branko Marinkovic (Libre), quien respaldó la abrogación; aunque condicionó la promulgación de la norma al levantamiento de los bloqueos y movilizaciones.
“Estoy dispuesto a votar por la abrogación de la ley, porque la vamos a reponer; pero yo tengo una condición: que haya un compromiso de los marchistas de que se acaban las presiones políticas”, manifestó.
El legislador defendió además el contenido de la Ley 1720, argumentando que beneficiaba a pequeños productores al permitirles convertir sus predios en mediana propiedad para acceder a créditos y financiamiento.
Según el reglamento legislativo, las modificaciones introducidas por el Senado abren ahora dos escenarios en Diputados: si la Cámara baja acepta los cambios, la ley quedará sancionada y lista para su promulgación; pero si rechaza las modificaciones, el tema deberá ser tratado nuevamente en sesión de Asamblea Legislativa, lo que podría prolongar el trámite por varios días más.
El acuerdo alcanzado en el Senado coincide, además, con la postura asumida horas antes por el sector agropecuario cruceño, que tras reunirse con el Gobierno respaldó la abrogación de la Ley 1720 bajo el compromiso de consensuar una nueva normativa agraria en un plazo de 60 días.
