Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Asamblea Legislativa Plurinacional instalaron una agenda de coordinación conjunta orientada a fortalecer la atención, asistencia y protección de las y los bolivianos que residen en el exterior.
La reunión fue encabezada por el canciller Fernando Aramayo, junto al vicecanciller Carlos Paz y el viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca, quienes participaron acompañados de sus equipos técnicos. Desde el Legislativo asistieron el presidente de la Comisión de Política Internacional del Senado, Nicanor Cochi; la representante del Comité de Asuntos Exteriores, Teresa Alarcón; además de delegados de la Cámara de Diputados, entre ellos, la representante de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante y el diputado supraestatal Mario Herrera.
Durante el encuentro, las autoridades abordaron las principales problemáticas que enfrentan los bolivianos fuera del país y avanzaron en una hoja de trabajo destinada a reforzar los mecanismos de asistencia y protección consular, bajo un enfoque de coordinación interinstitucional. La Cancillería destacó que la cita permitió consolidar un canal de articulación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo en torno a la defensa de los derechos, intereses y bienestar de la población migrante.
INFORMACIÓN
FRONTERIZA Y AGENDA
BILATERAL CON CHILE
En un ámbito paralelo, la Cancillería informó que Chile entregó a Bolivia la documentación solicitada sobre intervenciones de infraestructura y medidas de control en la zona fronteriza común.
El material fue presentado por el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco, durante una reunión sostenida con el canciller Aramayo. Según el comunicado oficial, se trata de una “entrega formal de información” referida a acciones ejecutadas en la frontera, la cual fue remitida a instancias técnicas para su análisis conforme al derecho internacional y los acuerdos bilaterales vigentes.
Ambas partes coincidieron en la necesidad de profundizar los canales de comunicación y coordinación, en un contexto marcado por la implementación en Chile del denominado “Plan Escudo Fronterizo”, que contempla medidas como zanjas, muros de hasta cinco metros de altura y mayor presencia militar para frenar la migración irregular en la frontera con Perú y Bolivia.
