La Contraloría General del Estado recibió este miércoles cerca de 300 folios de documentación remitidos por la Comisión de la Verdad, relacionados con procesos de contratación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tras denuncias de presuntas irregularidades vinculadas a la importación y certificación de combustibles.
La entrega se realizó en presencia del presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila. El gerente de Contrataciones de YPFB, Jorge Roca, hizo llegar la documentación al procurador general del Estado, Hugo León, quien además encabeza la Comisión de la Verdad. Posteriormente, el material fue remitido a la subcontralora Sonia Velásquez para su revisión técnica.
Velásquez aseguró que la Contraloría realizará el análisis “bajo procedimientos técnicos y objetivos”, y que los resultados serán dados a conocer por los canales institucionales una vez concluida la evaluación jurídica y administrativa correspondiente.
Según explicó Ávila, la Comisión de la Verdad no tiene atribuciones para emitir dictámenes; sino que cumple un rol articulador para que la información sea canalizada a las instancias competentes.
“Lo que se está haciendo es entregar toda la documentación a la Contraloría del Estado para que se haga el seguimiento e identificar si es que efectivamente hay algún proceso que luego termine en una acción de tipo judicial”, sostuvo.
Los antecedentes se refieren a presuntas irregularidades en procesos relacionados con la importación de petróleo, entre ellos un caso que investiga una posible importación con sobreprecios y observaciones en la empresa encargada de certificar la calidad de combustibles comercializados en el país. Entre las firmas mencionadas en las denuncias figuran Trafigura y Camin Cargo.
Por su parte, Roca informó que existe un contrato vigente con Trafigura correspondiente a la gestión 2025 y aclaró que no se han suscrito nuevos acuerdos; mientras otro proceso se encuentra en etapa de evaluación.
La Comisión de la Verdad fue creada tras denuncias públicas de presunta corrupción y está integrada por la Procuraduría General del Estado, la Contraloría, el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, delegados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la entidad estatal involucrada. Su función es recabar antecedentes y remitirlos a instancias como la Fiscalía y los tribunales, para que, de comprobarse responsabilidades, se determinen daños económicos y se activen las acciones legales correspondientes.
Con la remisión formal de la documentación, la Contraloría inicia el proceso de revisión técnica que definirá si existen observaciones administrativas o indicios que puedan derivar en acciones judiciales.
Fuente: La Estrella
