La aplicación de la Ley 348, normativa destinada a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, es objeto de cuestionamientos por presuntas vulneraciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, afirmó a EL DIARIO, la presidenta de la Asociación Justicia e Igualdad, Marisol Aguirre.
Según Aguirre, la actual redacción de la ley permite que un hombre denunciado deba demostrar su inocencia, lo que —a su criterio— constituye un error jurídico que abre la posibilidad de denuncias falsas y procesos irregulares. Señaló que esta situación podría ser aprovechada por personas inescrupulosas para iniciar acciones legales con fines ajenos a la justicia.
La Asociación Justicia e Igualdad, conformada desde 2021 por familiares de personas procesadas, trabaja a nivel nacional en la defensa de varones que se consideran afectados por denuncias infundadas en el marco de esta normativa. De acuerdo con su representante, la organización ha iniciado acercamientos con autoridades judiciales y legislativas en busca de respaldo institucional.
Fuente: El Diario
