El entorno del expresidente Luis Arce realizó contratos a través de YPFB Refinación con empresas para la provisión de aceite vegetal por alrededor de 1.000 millones de bolivianos y sólo una parte fue entregada, el resto está en espera. De acuerdo con el presidente de la estatal petrolera, Youssef Akly, los excedentes de la subsidiaria se destinaban a inversiones o contratos ilegales, incluso modificando procedimientos internos para entregar adelantos, sin respaldos.
La autoridad denunció que YPFB Refinación fue presuntamente utilizada como un “puente financiero” para estructurar negocios que, según la investigación, beneficiaban al entorno de la familia del expresidente Luis Arce.
“En nuestro análisis lo que visualizamos es que YPFB Refinación se convirtió en un puente financiero para estructurar todos estos negocios que han venido valiéndose y beneficiándose de manera directa el entorno de la familia Arce”, aseguró Akly.
La investigación documentó que la administración anterior modificó el reglamento de garantías antes de la ejecución de dichos contratos, permitiendo la entrega de anticipos a Indueste SRL, sin contar con respaldos suficientes ni una evaluación adecuada de riesgos.
Ante ese panorama, la nueva administración de YPFB Refinación S.A. identificó hallazgos relevantes e irregularidades en contratos de suministro de aceite de soya para la producción de biodiésel en Santa Cruz.
Como resultado de ese análisis, la entidad presentó una denuncia penal contra la empresa privada Agroindustrial del Este – Indueste SRL y la alta dirección anterior de YPFB Refinación S.A. por contratos lesivos, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica, que habrían causado un perjuicio económico aproximado de 1.000 millones de bolivianos.
El presidente de YPFB indicó que el caso forma parte del círculo de negociados que tenía la familia del expresidente Luis Arce en YPFB Corporación y que son 14 personas que están siendo investigadas.
Perjuicio
Por su parte, el gerente de YPFB Refinación, Aquiles Pfeiffer, advirtió que ese caso podría haber generado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 1.000 millones de bolivianos.
Explicó que el primer contrato fue suscrito el 4 de abril de 2024 y el segundo, seis meses después, el 30 de octubre de 2024, sumando ambos un total de 1.058 millones de bolivianos. Mediante varias transferencias, por concepto de anticipos, sin la presentación de garantías suficientes, Indueste SRL recibió 1.040 millones de bolivianos en el lapso de un año, entre abril de 2024 y abril de 2025. Este dinero habría estado destinado para la compra de 133.450 toneladas de aceite de soya, de las cuales, la empresa solo entregó 17,3% del volumen comprometido en los dos contratos.
“Existen evidencias documentadas de que la administración anterior, modificó el Reglamento de Garantías antes de la ejecución de estos dos contratos para la provisión de aceite de soya, habilitando la entrega de anticipos a la empresa Indueste, que ascienden a mil millones sin respaldo suficiente de garantías”, precisó Pfeiffer.
Frente a esta situación, YPFB Refinación S.A. activó todas las acciones legales para exigir el resarcimiento económico y la reparación civil conforme a la normativa vigente, con el objetivo de resguardar los recursos públicos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Finalmente, el ejecutivo aclaró que estos hechos no afectan la capacidad de procesamiento de petróleo crudo en el país. “La provisión de tanto diésel, gasolina como jet fuel y GLP está totalmente garantizada. Este es un caso totalmente aislado e independiente de lo que es el normal suministro de combustibles al país”, agregó Pfeiffer.
