Un nuevo capítulo en la crisis del Órgano Judicial se abrió este miércoles, luego de que se conociera que dos magistradas electas en 2024 presentaron una denuncia penal contra cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), acusándolos de falsedad ideológica y de extender de manera irregular sus mandatos.
La denuncia se suma a otras iniciativas jurídicas y parlamentarias que buscan poner fin a la autoprórroga, que desde hace meses ha generado tensiones entre el TCP y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según el abogado Ramiro Canedo, existen dos caminos principales para separar a las autoridades cuestionadas: un proceso penal por falsedad ideológica y mecanismos de remoción desde el Legislativo. Ambas alternativas están siendo evaluadas con el fin de restituir la institucionalidad del tribunal.
Los magistrados electos señalaron que los autoprorrogados han actuado en completo hermetismo, emitiendo autos constitucionales que, además de prolongar su permanencia en el cargo, habrían impedido que la Asamblea avance en decisiones destinadas a cesarlos. Esta situación ha sido calificada como un obstáculo directo a la voluntad popular expresada en las urnas.
La controversia profundiza la crisis institucional que atraviesa el sistema judicial, mientras diversos sectores exigen respetar el mandato legítimo de los cuatro magistrados elegidos en 2024, quienes están habilitados para ejercer hasta que se convoquen nuevas elecciones judiciales.
