La fiscalía ordenó la detención del senador suplente, Nilton Condori, y de varios dirigentes sociales y vecinales acusados de promover las movilizaciones y bloqueos que han afectado al departamento de La Paz y a otras regiones del país en las últimas semanas.
La resolución fiscal se emitió tras una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno, que atribuye a los dirigentes la organización y promoción de acciones que provocaron cortes de rutas, enfrentamientos y repercusiones en los servicios esenciales.
Además de Condori, la orden llega al ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, David Quispe; al líder de Puerto Acosta, Héctor Huacani; al vicepresidente de los consejos vecinales bolivianos, Justino Apaza; y al autoproclamado representante de El Alto, Winston Gemio.
Los investigados enfrentan juicios por presuntos delitos de incitación pública a la comisión de delitos, asociación delictiva, terrorismo, financiación del terrorismo y ataques contra la seguridad de los medios de transporte que afectan a los servicios públicos. «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, se emite la siguiente resolución motivada de arresto», reza parte del documento fiscal.
La investigación se lleva a cabo en medio de una escalada de protestas lideradas por sectores campesinos, organizaciones sociales y la Central Obrera Boliviana, que exigen la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira.
Durante esta jornada, las movilizaciones provocaron enfrentamientos con la policía en distintos puntos del centro de paceño y en las entradas a la Plaza Murillo. Los manifestantes intentaron romper los cordones de seguridad instalados alrededor de las instituciones públicas, mientras que las tropas utilizaron agentes químicos para contener el avance.
Según la Fiscalía, las medidas de presión se intensificaron desde principios de mayo y provocaron bloqueos prolongados que aislaron parcialmente el departamento de La Paz, causando dificultades en el suministro de alimentos, combustible, medicamentos y equipos hospitalarios.
Horas antes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, también confirmó la emisión de una orden de arresto contra el líder de la COB Mario Argollo quien está siendo investigado por presuntos delitos de incitación pública y terrorismo en el contexto de los conflictos sociales registrados en el país. (Brújula Digital)
