A dos semanas de asumir el cargo, la gobernadora María René Soruco desarma el relato de la “institución saneada” y revela una radiografía financiera crítica plagada de procesos judiciales y elefantes blancos.
A dos semanas de la posesión de la nueva administración departamental, la Gobernación de Tarija comenzó a revelar una compleja situación económica y financiera que, según sus nuevas autoridades, dista del panorama “saneado” que dejó la gestión saliente. Con una deuda que supera los 800 millones de bolivianos, obligaciones pendientes con empresas privadas, procesos judiciales por obras inconclusas y limitaciones de liquidez, el nuevo ejecutivo departamental alista gestiones ante el Gobierno nacional para lograr conciliaciones fiscales, reprogramación de deudas y mecanismos de cooperación que permitan aliviar la presión financiera.
Mientras tanto, desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) admiten que hasta el momento no cuentan con información oficial sobre el verdadero estado económico de la institución y aseguran que la transición dejó vacíos administrativos que dificultan incluso el funcionamiento cotidiano del ente legislativo.
Una “radiografía” compleja
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, confirmó que la deuda departamental alcanza actualmente los 803 millones de bolivianos, una cifra que incluye 196 millones en obligaciones con empresas privadas, además de diversos procesos contenciosos derivados de proyectos y obras inconclusas.
La autoridad señaló que gran parte de esos compromisos están vinculados a obras consideradas “elefantes blancos”, que hoy representan una carga financiera para la institución.
“La gente dice que hay que dejar de llorar y hacer gestión, por supuesto, pero es necesario tener una radiografía certera de lo que estamos administrando”, afirmó en una entrevista con la periodista Amalia Pando.
“Una situación crítica, crónica y muy difícil”
El secretario de Economía de la Gobernación, Fernando Romero, fue aún más contundente al describir el panorama financiero heredado. Definió la situación como “crítica, crónica y muy difícil”, argumentando que se encontraron pasivos y responsabilidades económicas que deberán ser atendidas a corto, mediano y largo plazo.
Romero explicó que la Gobernación no se limitará únicamente a presentar un diagnóstico financiero, sino que ya comenzó a activar gestiones ante el Gobierno nacional para buscar mecanismos que permitan aliviar la presión fiscal que atraviesa el departamento.
En ese marco, confirmó que se cursaron invitaciones al Ministerio de Planificación y se realizan acercamientos con autoridades del Ministerio de Economía para analizar alternativas de conciliación fiscal, reprogramación de deudas públicas y otras formas de cooperación financiera.
“Tenemos mil frentes que atender, es muy complejo y difícil. Evidentemente no va a ser sencillo”, indicó.
Las obligaciones acumuladas
Uno de los aspectos que más preocupa a la administración departamental es la caída de los ingresos provenientes de regalías hidrocarburíferas e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recursos que durante años sostuvieron gran parte del funcionamiento institucional de Tarija.
Romero explicó que recientemente apenas ingresaron alrededor de 25 millones de bolivianos por concepto de regalías e IDH, una cifra insuficiente frente al volumen de compromisos económicos que arrastra la Gobernación.
A ello se suman obligaciones pendientes con municipios, subgobernaciones, la Asamblea Legislativa Departamental, entidades financieras y empresas privadas.
La autoridad aseguró que la nueva gestión pretende mantener un manejo financiero “serio, responsable y transparente”, aunque reconoció que la solución no pasa únicamente por administrar cifras, sino también por construir acuerdos políticos e institucionales que permitan encarar la crisis.
¿Gobernación saneada?
Las declaraciones disienten con el discurso del exgobernador Oscar Montes, quien en su último informe de gestión aseguró haber dejado una Gobernación saneada y con una importante reducción de la deuda heredada.
Sin embargo, Romero matizó esa afirmación señalando que, si bien existen obligaciones al día en algunos ámbitos, ello no significa que la institución esté financieramente estable para el futuro inmediato.
“Está saneada al día, en términos sencillos, pero no saneada para la próxima semana, ni para el próximo mes, ni para el próximo año”, sostuvo.
El secretario reconoció que pudo haber existido voluntad de administrar las finanzas públicas, pero remarcó que la nueva gestión no puede limitarse únicamente al pago de salarios y deudas.
“Tenemos que hacer gestión para que Tarija salga de la crisis y generar condiciones para crear empleo e ingresos”, enfatizó.
Una Asamblea sin información ni condiciones básicas
La situación también genera preocupación en la Asamblea Legislativa Departamental. El vicepresidente de la ALDT, Andrés Segundo, reconoció que las nuevas autoridades legislativas no recibieron informes detallados sobre el estado económico de la Gobernación ni sobre las obligaciones financieras pendientes.
“Lo que conocemos es lo que hemos escuchado por la prensa”, afirmó.
Segundo aseguró que el proceso de transición fue desordenado y que incluso existen dificultades básicas de funcionamiento dentro del ente legislativo. Explicó que no hubo transición porque el entonces presidente de la ALDT estaba “desaparecido” debido a la presión por aprobar la ley del 45%.
“No hay nada ahorita, no hay ni internet, ni teléfono. Poco falta que corten agua y luz”, declaró, a tiempo de agregar que tampoco cuentan con asesores, debido a que varios funcionarios salieron de vacaciones antes del cambio de gestión y no pueden ser reemplazados.
Solicitan informes
Frente a este escenario, la ALDT comenzó a solicitar informes detallados sobre la situación financiera de la Gobernación, incluyendo deudas con empresas privadas, obligaciones con municipios y compromisos pendientes con instituciones públicas.
Segundo explicó que, una vez recibida la documentación, las comisiones de Economía y Constitución deberán analizar los datos y definir una línea de trabajo para acompañar las gestiones del Ejecutivo departamental.
El legislador aseguró que existe predisposición para respaldar las gestiones ante el Gobierno nacional, especialmente considerando el aporte económico que Tarija realizó al país durante las últimas décadas mediante la renta gasífera.
