Crisis del petróleo reabre la subvención, tensiona las reservas de dólares y expone fallas estructurales en YPFB y la logística de combustibles en Bolivia.
El analista y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, en entrevista con EL DIARIO advirtió que Bolivia debe reaccionar “de inmediato” ante el alza del petróleo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, porque el país “no tiene margen” para sostener precios internos congelados sin reactivar la subvención y presionar aún más las reservas de dólares.
Según Ríos, el primer paso es que el Gobierno “hable claro” con la población y reconozca el impacto real de la crisis energética global, siguiendo ejemplos como Chile, donde su presidente pidió eficiencia energética y reducción del consumo de combustibles.
La exautoridad planteó realizar campañas abiertas para que los usuarios minimicen el uso de gasolina y diésel, acompañadas de medidas de gestión de la demanda, como restricciones temporales a la circulación por placa en las grandes ciudades, para contener el consumo en un contexto en el que Bolivia importa más del 90% del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume.
Ríos recordó que el esquema de precios que eliminó la subvención, se diseñó con un petróleo de referencia cercano a 64–65 dólares por barril, pero la guerra en Oriente Medio empujó la cotización internacional por encima de 90 dólares, lo que en la práctica reabrió una brecha entre el costo de importación y el precio interno regulado.
“En la actualidad, el litro de gasolina en Bolivia se mantiene en torno a 6,96 bolivianos, muy por debajo del nivel que pagaría un importador privado y por debajo de mercados vecinos como Perú, donde el litro supera ampliamente ese valor al tipo de cambio vigente. Nos hemos acostumbrado al subsidio”, alertó Ríos. Advirtió que sostenerlo con un petróleo de precio alto puede derivar en más dificultades para conseguir divisas y en desabastecimientos recurrentes en los surtidores.
Cuestionó, además, la forma en que el Gobierno ha manejado la reciente crisis de gasolina “desestabilizada”. A dos meses del inicio del problema, afirma, “no hubo ninguna capacidad de solucionarlo” y sugirió incluso que dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) podría haber funcionarios que “boicotean” la gestión, debido a que se mantuvo a funcionarios de la anterior administración estatal.
Ríos criticó que, pese a los discursos oficiales sobre una “mano negra”, no exista hasta ahora ninguna acusación formal ni responsables identificados, lo que, a su juicio, mantiene en la opacidad las verdaderas causas del desorden en la cadena de suministro.
Desde una perspectiva estructural, Ríos sostiene que la situación precaria en materia de hidrocarburos es heredada de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y que ahora se expresa en riesgo de desabastecimiento, reaparición del contrabando, retorno de los subsidios y aumento del déficit fiscal.
Alertó que, con una brecha creciente entre precios internos e internacionales, el contrabando de combustibles hacia países vecinos vuelve a ser un negocio atractivo y agrava la sangría de divisas que ya enfrenta el país.
