El Gobierno nacional anunció la eliminación del histórico subsidio a los carburantes, la fijación de nuevos precios para la gasolina y el diésel, y un paquete de medidas sociales que incluye el incremento del salario mínimo nacional en un 20%. Las decisiones fueron comunicadas la noche del miércoles por el presidente Rodrigo Paz, quien además declaró Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social en todo el país.
Durante su mensaje al país, el mandatario calificó la coyuntura como una de las más complejas desde el retorno a la democracia y afirmó que la actual administración recibió un Estado con graves desequilibrios económicos, escasez de divisas, inflación en ascenso y problemas estructurales en el abastecimiento de combustibles.
“Decir que todo está bien sería mentirle al pueblo boliviano”, sostuvo Paz, al justificar el levantamiento del subsidio como una medida inevitable para frenar el deterioro fiscal y garantizar el suministro de hidrocarburos.
Fin del subsidio y nuevos precios
El eje central del decreto supremo es la eliminación de la subvención a los carburantes, vigente por más de dos décadas, y la implementación de precios oficiales “claros y públicos”. Desde la entrada en vigencia de la norma, los precios quedan establecidos de la siguiente manera:
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Gasolina Especial: Bs 6,96 por litro
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Diésel Oíl: Bs 9,80 por litro
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Gasolina Premium: Bs 11,00 por litro
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Gasolina de Aviación: Bs 10,57 por litro
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Jet Fuel: Bs 10,74 por litro
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Kerosén: Bs 5,64 por litro
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Gas Oíl: Bs 5,69 por litro
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GLP: Bs 22,50 la garrafa
El Ejecutivo informó que este esquema de precios se mantendrá fijo durante seis meses, tras lo cual se permitirá su fluctuación. Asimismo, se anunció que el diésel será retirado de la lista de sustancias controladas, con el objetivo de facilitar su importación y asegurar el abastecimiento para el transporte, la industria y la producción.
Según el presidente, los recursos generados por la eliminación del subsidio serán distribuidos en partes iguales entre el Gobierno central y las entidades subnacionales, para fortalecer áreas como salud, educación y servicios básicos.
Paquete de medidas sociales
Ante el impacto social de la medida, el Gobierno presentó un conjunto de acciones de protección dirigidas a los sectores más vulnerables. Entre las principales disposiciones se encuentra el incremento del salario mínimo nacional a Bs 3.300, lo que representa un aumento del 20%, que regirá a partir de enero de 2026.
Además, se anunció:
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El aumento de la Renta Dignidad a Bs 500
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La creación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad, que entregará Bs 200 cada cuatro meses a padres, madres y tutores sin aportes contributivos
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La garantía del Bono Juancito Pinto 2026, con un monto de Bs 300 por estudiante
El presidente aseguró que el decreto “tiene un corazón social” y afirmó que el objetivo es redistribuir de manera transparente los recursos, sin abandonar a los sectores más afectados por la crisis.
Reacciones del sector empresarial y analistas
Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, respaldó el ajuste en los precios de los carburantes como parte del proceso de ordenamiento fiscal, aunque expresó su preocupación por el incremento del salario mínimo definido sin diálogo tripartito.
Antelo advirtió que esta decisión podría afectar la sostenibilidad del empleo formal y remarcó la necesidad de impulsar políticas que atraigan divisas, fomenten la inversión y fortalezcan la producción nacional.
Por su parte, el economista Fernando Romero consideró que las medidas eran inevitables ante la realidad fiscal del país, pero cuestionó su implementación abrupta y en un periodo socialmente sensible como la época navideña. Asimismo, alertó sobre la falta de un respaldo sólido en divisas para garantizar la importación de combustibles en el nuevo escenario.
Rechazo de la COB
La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó de manera categórica la eliminación del subsidio y calificó la medida como un golpe directo al bolsillo de los trabajadores. Su secretario ejecutivo, Mario Argollo, anunció la convocatoria a asambleas y ampliados departamentales, además de un ampliado nacional de emergencia.
En la misma línea, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Andrés Payé, criticó la decisión por su impacto en el costo de vida y la canasta familiar, señalando que el ajuste fue adoptado de manera unilateral.
Pese a las críticas, el presidente Paz sostuvo que el país “tocó fondo” y que estas decisiones marcan el inicio de una nueva etapa orientada a la estabilización económica. “No prometemos milagros, prometemos verdad, coraje y trabajo”, concluyó.
