El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, aseguró este domingo que la Ley 157 no afecta a las tierras comunitarias y sostuvo que las críticas en torno a la norma responden a procesos de desinformación que han distorsionado su verdadero alcance.
La autoridad remarcó que la iniciativa no es reciente ni responde a una decisión apresurada del Órgano Ejecutivo. “No es un tema de tiempo o que esté apresurado el Presidente, sino que la iniciativa parte del Legislativo”, indicó. A ello, añadió que el sector productivo, principalmente los pequeños productores —agrícolas, ganaderos, de cerdo, pollo, leche, hortalizas y demás—, vienen hace más de 15 años con este pedido.
El miércoles, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 157 de Reclasificación de la Propiedad Agraria y que permite al Institucional Nacional de Reforma Agraria (INRA) convertir pequeñas propiedades en medianas de forma voluntaria, con el fin de que los productores puedan acceder a créditos bancarios.
“Esto no es un pedido de ahora ni un capricho. Es una situación real que se vive hace demasiado tiempo en las pequeñas propiedades y con los pequeños productores”, reiteró Justiniano en entrevista con Erbol.
Enfatizó que la Ley 157 está dirigida exclusivamente a la propiedad privada y no alcanza a las tierras comunitarias de origen, que cuentan con un tratamiento distinto en la Constitución Política del Estado.
“Lo que es tierra comunitaria no está dentro de este contexto. Tiene otro tratamiento totalmente diferente. Esta ley está enfocada en pequeños propietarios privados”, aclaró.
Explicó que las tierras comunitarias no están contempladas en la ley, ya que se rigen por un marco distinto establecido en la Constitución. Añadió que el diálogo y la evaluación de los alcances de la norma se realizaron con pequeños productores, quienes, según señaló, son los principales interesados.
Respecto a los cuestionamientos de organizaciones campesinas —incluidas movilizaciones desde regiones como Pando, Beni y sectores del occidente— el ministro de Desarrolló Productivo consideró que existe una “distorsión completa” del contenido de la norma, alimentada por información incorrecta.
“Se está generando una tensión que distorsiona el espíritu de la ley. Hay que generar información correcta, porque lo que se está difundiendo es desinformación”, señaló.
Sobre las críticas por la falta de socialización, el ministro defendió que sí existió diálogo, pero con los actores directamente involucrados en la normativa. «El diálogo ha habido durante muchísimo tiempo con quienes lo han solicitado, que son los pequeños productores privados. Otra cosa es que otros sectores no estén dentro de este alcance”, reiteró.
Asimismo, planteó que es necesario identificar el origen de las protestas para entender si corresponden a sectores alcanzados por la ley. “Hay que ver quiénes son las organizaciones que se están manifestando, si son de tierras comunitarias o de propiedad privada, porque ahí radica la diferencia”, señaló.
En relación a los beneficios de la norma, el titular de la cartera de Desarrollo explicó que permitirá a los pequeños productores acceder de manera voluntaria a mejores condiciones de financiamiento, utilizando su propiedad como respaldo para créditos productivos.
Describió además las dificultades estructurales que enfrentan los productores, especialmente en valles y otras regiones, donde la falta de capital los obliga a endeudarse o vender anticipadamente su producción a intermediarios.
“Muchos terminan empeñando su producción por falta de capital operativo, y eso hace que reciban entre 8 y 20 veces menos de lo que paga el consumidor final”, explicó.
Añadió que esta situación limita la capacidad de inversión en tecnología, insumos y mejora de suelos, lo que repercute directamente en la baja productividad y en la dependencia de productos importados.
Reiteró que la ley busca fortalecer al sector productivo privado, mientras que las tierras comunitarias continuarán siendo atendidas mediante políticas públicas diferenciadas.
“Las tierras comunitarias tienen otro tratamiento y requieren políticas de Estado específicas. Esta ley no tiene nada que ver con ese ámbito”, mencionó.
