El Consejo de la Magistratura expresó su rechazo al proyecto de ley que plantea transferir el Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo, específicamente al Ministerio de la Presidencia, y advirtió riesgos para la seguridad jurídica y la propiedad privada.
En un pronunciamiento emitido desde Sucre, la Sala Plena sostuvo que la iniciativa vulnera la independencia de órganos del Estado. “La transferencia del Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo compromete la seguridad jurídica, debilita la confianza en el sistema de propiedad y expone a los ciudadanos a posibles injerencias políticas”, señala el documento.
Consejo de la Magistratura
La institución recordó que, según la Constitución Política del Estado, Bolivia es un Estado descentralizado, por lo que considera que trasladar esta competencia al Ejecutivo contradice el modelo constitucional. “Se pretende quitar el Servicio de Derechos Reales al Órgano Judicial para centralizarlo en el Órgano Ejecutivo”, advierte.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a un posible conflicto de intereses. El Consejo alertó que el Estado, al ser parte en procesos como expropiaciones, no debería tener acceso directo a toda la base de datos de propiedad. “Generaría una situación de desigualdad frente al ciudadano”, señala el pronunciamiento.
La entidad también observó fallas técnicas en la propuesta, como la falta de garantías sobre la seguridad e integridad de la información durante la transferencia de datos en un plazo de 180 días, así como la ausencia de mecanismos para evitar pérdidas o manipulaciones.
Proyecto de ley
Asimismo, cuestionó que el proyecto atribuya los problemas del sistema registral a su dependencia del Órgano Judicial, cuando —según sostiene— se trata de limitaciones de gestión, inversión y modernización.
En esa línea, el Consejo propuso encarar reformas desde el propio sistema judicial, con medidas como digitalización integral, interoperabilidad con catastro e INRA y mayor transparencia en la designación de registradores.
Finalmente, la institución exhortó a la Asamblea Legislativa a abrir un debate técnico e interinstitucional que permita fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad jurídica.
