El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta su primera caída en el gabinete. Freddy Vidovic, ministro de Justicia designado hace apenas unos días, quedó prácticamente fuera del cargo luego de que se confirmara que tiene una sentencia penal ejecutoriada de tres años de privación de libertad, situación que lo inhabilita para ejercer cualquier función pública.
El anuncio fue realizado la noche del miércoles por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien confirmó que el presidente ya fue informado oficialmente y que, en las próximas horas, se prevé la designación de una nueva autoridad para Justicia. “Cuando uno tiene una sentencia ejecutoriada, están conculcados los derechos ciudadanos. El señor no puede elegir ni ser elegido”, sostuvo Oviedo ante los medios.
La información surgió luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su presidente Romer Saucedo, instruyera la verificación de los antecedentes judiciales de Vidovic. La revisión reveló que en mayo de 2015, el entonces juez primero de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, Román Cordero, aprobó un procedimiento abreviado que derivó en la condena del ahora ministro por los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros. La resolución 192/2025 dejó la sentencia firme, ya que Vidovic renunció voluntariamente a la apelación restringida.
El documento fue certificado por el juzgado correspondiente y entregado de manera formal al Presidente. “Eso hace que la sentencia esté ejecutoriada y que sus derechos ciudadanos estén suspendidos”, reiteró Oviedo, enfatizando que eso lo inhabilita para ejercer un cargo público.
Uno de los elementos que llamó la atención del ministro fue que esta sentencia no figura en el Rejap, hecho que calificó como “otro punto por investigar”, debido a la gravedad del caso y su relevancia institucional.
La revelación ha generado un fuerte impacto político, especialmente porque afecta directamente a un miembro del nuevo gabinete de Paz. Aunque Vidovic aún desempeña formalmente sus funciones, su continuidad se ve comprometida por la presión política y los cuestionamientos que han surgido tras hacerse pública la sentencia.
El vicepresidente Edmand Lara, quien defendió férreamente su nombramiento desde el primer día, podría enfrentar ahora un nuevo frente de tensión con el Ejecutivo, en un contexto donde las presiones para su destitución aumentan por horas.
