El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, denunció este lunes un millonario daño económico al Estado boliviano provocado por la creación y mala gestión de empresas públicas entre los años 2006 y 2024, periodo que calificó como un “despilfarro” de recursos y un fallido proceso de industrialización.
Durante una conferencia de prensa, la autoridad presentó un informe en el que se detalla que en ese lapso se crearon 67 empresas públicas, financiadas principalmente con recursos de las reservas internacionales. La inversión total superó los 7.750 millones de dólares, de los cuales —según el reporte— solo se logró recuperar el 18% en casi dos décadas.
Lupo explicó que el 28% de los créditos destinados a estas empresas se utilizó para la creación de 14 firmas inviables, que terminaron convirtiéndose en focos de corrupción. Entre las empresas mencionadas se encuentran EBA, Emapa, Quipus, Mutún, BoA, EHIH y YLB, entre otras.
Como resultado, el daño económico acumulado por estas empresas fallidas asciende a 1.463 millones de dólares, monto que —de acuerdo con el informe— incluye 122 millones de dólares en empresas cerradas, 1.250 millones de dólares en empresas con quiebre técnico y 91,5 millones de dólares en proyectos aún en curso.
El ministro calificó esta situación como un verdadero “saqueo al país” y aclaró que el informe presentado solo contempla el impacto sobre las reservas internacionales. Advirtió que el monto podría incrementarse si se consideran otras inversiones estatales, como el satélite Túpac Katari.
Lupo también destacó que, actualmente, solo tres empresas públicas son rentables: YPFB, Ende y Comibol, las cuales forman parte de la estructura estatal desde antes de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Precisó que las 67 empresas evaluadas fueron creadas durante las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
“No podemos seguir financiando la ineficiencia con el ahorro de los bolivianos”, enfatizó el ministro, al asegurar que el Gobierno asumirá las acciones necesarias para investigar y sancionar a los responsables del daño económico causado al Estado.
