La filtración de un presunto proyecto de decreto supremo que plantea trasladar a los trabajadores de YPFB y ENDE del régimen de la Ley General del Trabajo a la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público desató preocupación y rechazo en el sector energético y petrolero. El documento, difundido en grupos internos de WhatsApp, advierte una reconfiguración laboral que implicaría la pérdida de beneficios, limitación del derecho a la sindicalización y un debilitamiento de las estructuras gremiales dentro de ambas empresas estatales.
El proyecto apunta a la “institucionalización” de YPFB y ENDE bajo criterios de transparencia, eficiencia y meritocracia, lo que incluiría la eliminación de sindicatos internos y la migración obligatoria del personal al régimen de servidor público.
Ante esta situación, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia para el miércoles 26 de noviembre, a realizarse en la sede de la Federación de Trabajadores Mineros en La Paz. La dirigencia adelantó que rechazarán de manera categórica la propuesta, calificándola como “un atentado a la estabilidad laboral en el sector estatal”.
La Confederación Sindical de Trabajadores de Luz, Telecomunicaciones, Aguas y Gas de Bolivia también se pronunció el 22 de noviembre, rechazando el proyecto por considerarlo una amenaza directa a los derechos adquiridos de los trabajadores. La organización instruyó prepararse para asumir todas las medidas necesarias para frenar su implementación.
De igual forma, el sindicato de Trabajadores de ENDE-Cochabamba expresó su oposición, advirtiendo que el cambio de régimen sería ilegal y perjudicial para el personal operativo, que —según recalcaron— no tiene responsabilidad en los problemas administrativos o financieros de las empresas públicas.
Dirigentes del sector alertaron que este tipo de medidas podría abrir la puerta a un proceso de privatización y eventualmente derivar en incrementos tarifarios para la población. Además, exigieron información clara sobre la situación financiera de ENDE, resaltando que la empresa ha operado de manera eficiente y transparente en los últimos años.
Sindicatos petroleros y otras organizaciones laborales anunciaron su participación en el ampliado convocado por la COB, insistiendo en que el proyecto sienta un precedente que podría replicarse en otras empresas estatales. Hicieron un llamado a la unidad para defender la estabilidad laboral, los derechos adquiridos y los servicios públicos estratégicos del país.
El ministro de Trabajo, Edgar Morales, declaró el 19 de noviembre que la Ley General del Trabajo es “muy antigua” y ya no se ajusta a la realidad actual, por lo que instruyó a la dirección jurídica del ministerio revisar la normativa y plantear modificaciones y mejoras.
