Según los datos oficiales, la deuda departamental cayó en 70%, pasando de 3.198 millones de bolivianos al inicio de la gestión a 944 millones al cierre. La estructura también se redujo a 4 secretarías.
La gobernadora electa María René Soruco asumirá este lunes la conducción de Tarija en un escenario muy distinto al de la época de bonanza hidrocarburífera. El informe final de rendición de cuentas presentado por el gobernador saliente Óscar Montes dibuja una institución más reducida en tamaño, con menor carga financiera y con cuentas ordenadas, pero también condicionada por la caída sostenida de ingresos y por demandas estructurales todavía pendientes.
Montes presentó su balance de gestión en el Salón Rojo de la Gobernación, acompañado precisamente por Soruco, quien deberá administrar una institución que entre 2021 y 2026 recibió 2.919 millones de bolivianos, muy por debajo de los niveles históricos alcanzados hace una década.
Menos recursos que en la era del gas
El principal dato político y económico del informe es la reducción de ingresos departamentales. De los casi 2.919 millones percibidos en cinco años, 2.499 millones provinieron de regalías, IDH e IEHD, mientras que 113 millones correspondieron a ingresos propios y 308 millones a fideicomisos destinados al pago de obras contratadas.
La comparación con el pasado es contundente: en 2014, Tarija llegó a recibir cerca de 1.994 millones de bolivianos en un solo año, impulsada por el auge gasífero. La caída de precios internacionales desde finales de ese año, sumada al agotamiento de campos como San Alberto y la reducción de contratos de exportación, modificó de forma estructural la economía regional.
Eso significa que Soruco heredará una Gobernación con menor margen financiero y obligada a priorizar cada gasto.
Una estructura más pequeña
Uno de los cambios más visibles de la gestión Montes fue el ajuste institucional. La Gobernación pasó de tener 13 secretarías a solo 4, mientras que el personal se redujo en 67%.
Actualmente existen 542 ítems laborales, de los cuales 156 cuentan con inamovilidad laboral, lo que limita parcialmente la capacidad de reorganización administrativa de la nueva gestión.
El mensaje es claro: la etapa de expansión burocrática terminó hace tiempo y el nuevo gobierno departamental comenzará con una estructura más liviana, aunque también con menor capacidad operativa.
Menos deuda, pero no deuda cero
Otro de los puntos fuertes del informe es la reducción del endeudamiento. Según los datos oficiales, la deuda departamental cayó en 70%, pasando de 3.198 millones de bolivianos al inicio de la gestión a 944 millones al cierre.
Montes aseguró que se cubrieron deudas de subgobernaciones y secretarías, se liquidaron proyectos concurrentes y se saneó financieramente a empresas como Setar y Emtagas.
Sin embargo, persisten obligaciones relevantes. Entre ellas destaca una deuda de 157 millones de bolivianos vinculada al proyecto San Jacinto, además de procesos contenciosos ya sentenciados cuyos pagos continúan en negociación.
Superávit y ejecución alta
La administración saliente reportó cuatro años consecutivos de superávit, además de una ejecución presupuestaria promedio del 84%, cifras que serán utilizadas como argumento de ordenamiento fiscal.
No obstante, la nueva gestión deberá sostener ese equilibrio en un contexto más complejo: menores transferencias, presión social por obras y servicios, y la necesidad de reactivar inversión pública.
Prosol y demandas sociales
El informe también revela que 23% del presupuesto de estos cinco años fue destinado al Prosol, uno de los programas socio-productivos emblemáticos del departamento.
Esto anticipa uno de los principales dilemas políticos de la próxima administración: mantener programas de alta sensibilidad social mientras se financia infraestructura, salud, caminos y desarrollo productivo con recursos cada vez más escasos.
El verdadero desafío
Más allá de los números, María René Soruco recibirá una Gobernación estabilizada, pero limitada. Con menos deuda, menos funcionarios y menos ingresos, el desafío ya no será administrar abundancia, sino generar resultados en tiempos de restricción. El planteamiento de la Gobernadora, ya expresado en La Paz ante el presidente Rodrigo Paz, pasa por implementar una verdadera autonomía en todos los ámbitos que de margen de acción real a los ejecutivos departamentales.
Tarija dejó atrás la era del gas fácil. La próxima etapa exigirá gestión, creatividad política y nuevas fuentes de desarrollo.
El pulso del 45% sigue latente
Uno de los grandes debates abiertos en la legislatura 2015-2021 y no resuelto hasta ahora es el “pacto fiscal departamental”, más conocido como la Ley del 45%. Desde 2016 las provincias productoras de O’Connor y Arce3 exigen modificar el reparto blindado por Ley Nacional, que entrega el 45% de las regalías de forma directa al Chaco. El acuerdo alcanzado en los años 90 y materializado a partir de 2006 se basaba en una distribución proporcional entre las dos macrorregiones, siempre con la amenaza del separatismo.
El agotamiento de las reservas en Gran Chaco y la producción en otras zonas incrementó la presión, sin que sin embargo se haya alcanzado ningún acuerdo. La Ley aprobada en la pasada gestión fue devuelta sin firmar por el gobernador alegando cuestiones constitucionales de fondo que debían ser consultadas en el TCP.
//El País
