A pocos días de la segunda vuelta electoral en Tarija, el gobernador Óscar Montes encendió una señal de alerta al cuestionar duramente que las propuestas de los candidatos en carrera no reflejan la crítica situación económica que atraviesa la Gobernación, marcada por un endeudamiento cercano a los 1.000 millones de bolivianos.
En medio del inicio del proceso de transición, la autoridad confirmó que sostuvo reuniones con ambos postulantes Adrián Oliva, de la alianza Patria, y María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio (CDC) con el objetivo de exponerles el estado real de las finanzas departamentales. Sin embargo, fue enfático al señalar que ninguno ha incorporado este escenario en sus propuestas de campaña.
El principal problema identificado por la actual gestión es el elevado nivel de deuda, de la cual cerca de la mitad corresponde a obligaciones con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, dependiente del Gobierno central, lo que limita severamente la capacidad de maniobra financiera de la institución.
Frente a este panorama, Montes planteó como primera medida urgente la necesidad de encarar una renegociación de la deuda con el Gobierno nacional, con el fin de aliviar la presión económica y permitir condiciones mínimas de gobernabilidad para la próxima gestión.
El segundo eje estratégico apunta al sector hidrocarburífero, históricamente el sostén económico de Tarija. La autoridad advirtió sobre la importancia de garantizar un cupo favorable en la exportación de gas hacia Brasil, ante el riesgo de una reducción de volúmenes o una priorización del mercado interno, lo que implicaría menores ingresos para el departamento debido a precios más bajos.
Finalmente, Montes dirigió una recomendación directa a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), instando a revisar más de 90 leyes vigentes que, según afirmó, resultan inviables en el actual contexto económico.
El gobernador sostuvo que muchas de estas normativas fueron aprobadas sin respaldo financiero real, generando una profunda brecha entre lo que establece la ley y lo que efectivamente puede ejecutar la Gobernación.
Con este escenario, la próxima administración no solo enfrentará un desafío político, sino una urgencia económica que, según Montes, aún no está siendo asumida con la seriedad que demanda la crisis.
