El sector también protesta porque el Estado adeuda a empresas desde hace más de 2 años
La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y sus filiales departamentales se movilizan este lunes en las principales ciudades del país para exigir el reajuste de precios en las obras públicas a través de un decreto.
Las movilizaciones se registraron simultáneamente en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, en señal de protesta para que el Gobierno actualice los contratos estatales ante el alza de costos en los materiales.
El presidente de la Caboco, Jaime Llano, explicó que el incremento de los precios de los insumos ha puesto en riesgo la continuidad de los proyectos de infraestructura y la estabilidad financiera de las empresas constructoras.
Según el dirigente, se ha duplicado el precio de varios materiales utilizados en la construcción, lo que provocó que el costo de ejecución de las obras se incremente entre 35 y 50 por ciento respecto a los montos establecidos cuando se firmaron los contratos.
«Nosotros no tenemos la posibilidad de continuar con las obras con estos precios. Al firmar un contrato tenemos un techo presupuestario y muchas instituciones nos están exigiendo continuar los trabajos, incluso amenazando con rescindir contratos», afirmó Llano. El dirigente explicó que el principal problema afecta a las obras que actualmente se encuentran en ejecución, ya que las empresas deben cumplir contratos firmados bajo condiciones económicas muy distintas a las actuales.
Indicó que, pese a que existen algunas convocatorias nuevas en el sistema de contrataciones públicas que ya contemplan ajustes de precios, la situación más crítica corresponde a los proyectos que están en marcha, donde las constructoras aseguran estar trabajando con pérdidas.
Llano señaló que el sector sostuvo varias reuniones con autoridades del Gobierno para buscar una solución a la problemática. En esas mesas de trabajo se conformó una comisión técnica, encabezada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), con la que se elaboró un borrador de decreto destinado a permitir la actualización de precios en las obras.
No obstante, explicó que el documento debía haber sido aprobado en febrero para entrar en vigencia durante marzo, lo que hasta la fecha no ocurrió.
“Hemos avanzado en las mesas de trabajo y se logró un borrador final del decreto, pero hasta ahora no tenemos respuesta del Ministerio de Economía”, sostuvo.
Ante la falta de avances, las empresas constructoras decidieron iniciar movilizaciones a nivel nacional. Llano advirtió que continuar ejecutando obras con los contratos actuales podría provocar la quiebra de varias compañías del sector o la rescisión de proyectos, lo que afectaría tanto a las empresas como a las instituciones contratantes.
El dirigente también alertó que la situación podría tener un impacto significativo en el empleo. Según datos del sector, alrededor de 500.000 personas dependen directamente de la actividad de la construcción en Bolivia, sin contar las fuentes laborales indirectas que se generan a través de proveedores y servicios vinculados.
RESPALDO
La protesta recibió el respaldo de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
“Nos sumamos al llamado de alerta ante la profunda crisis que atraviesa el sector, impulsada por el incremento desmedido en los costos de materiales y operación”, reza parte de un comunicado que la SIB publicó este lunes.
Asimismo, exhortó a las autoridades correspondientes a tomar medidas urgentes para estabilizar el sector y proteger la ingeniería nacional.
EN SUCRE
En Sucre no hubo ‘tractorazo’, pero sí una caravana de manifestantes. Lizandro Azurduy, representante de la empresa constructora “Luzul”, denunció que al problema de la actualización de precios se suma el impago de planillas, pues hay empresas a las que no les pagan desde hace más de dos años.
Fuente: Correo del Sur
