A un mes de asumir la Presidencia, Rodrigo Paz ha marcado un inicio de gestión lleno de decisiones drásticas, tensiones internas y revelaciones sobre el deterioro del Estado, que han sacudido el escenario político nacional. En treinta días, el mandatario combinó gestos simbólicos, auditorías, advertencias públicas y reacomodos institucionales, intentando instalar un nuevo orden tras el fin de la hegemonía del MAS.
El tono quedó marcado desde su discurso inaugural, cuando advirtió a YPFB sobre el abastecimiento de combustibles y denunció la existencia de redes internas que desviaban gasolina y diésel. Pocas semanas después, investigaciones y allanamientos confirmaron irregularidades que derivaron en detenciones y cambios de mando dentro de la estatal petrolera.
La lucha anticorrupción también alcanzó a su gabinete: la salida abrupta del ministro de Justicia evidenció que la purga no sería solo retórica. Sin embargo, el Gobierno no estuvo exento de tensiones. La relación con el vicepresidente Edmand Lara generó fricciones públicas sobre temas fiscales y tributarios, revelando divergencias internas en pleno arranque de la gestión.
En el plano económico, Paz calificó el panorama heredado como “una cloaca de dimensiones extraordinarias” y lanzó auditorías, recortes y fusiones de ministerios para intentar ordenar las cuentas. El Ejecutivo denunció un “robo acumulado” y comenzó a publicar a diario el gasto estatal, subrayando que la subvención a los combustibles estaba desbordando el presupuesto. Aunque anunció la eliminación de cuatro impuestos, hasta fin de mes todavía no había remitido proyectos de ley a la Asamblea, lo que generó cuestionamientos sobre la capacidad de ejecutar las reformas prometidas.
El presidente también buscó reposicionar al país internacionalmente, reactivando vínculos diplomáticos y promoviendo gestiones con organismos multilaterales bajo el lema “Bolivia se abre al mundo”. En el terreno simbólico, recorrió mercados e instituciones para mostrar cercanía, y restituyó la sede de la APDHB a Amparo Carvajal como señal de recuperación de la institucionalidad.
Pero el mes también estuvo marcado por emergencias. Las inundaciones en Achira, Samaipata, dejaron desaparecidos y graves daños, obligando al Gobierno a movilizar ayuda y coordinar tareas de rescate.
Al cumplirse los primeros treinta días, la imagen del Gobierno es dual: un presidente que actúa con rapidez, denuncia irregularidades y promete reformas profundas, pero que enfrenta límites fiscales, tensiones políticas y un aparato estatal corroído que dificulta cualquier transformación inmediata. La gran incógnita es si la velocidad del discurso podrá traducirse en resultados sostenibles y en una reorganización real del Estado.
