El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yussef Akly, encabezó este miércoles una inspección a las oficinas de la empresa Botrading S.A. en la ciudad de Asunción, como parte de la investigación sobre presuntas irregularidades en las operaciones de esta firma vinculada a la compra de combustibles.
La visita fue realizada junto a un equipo multidisciplinario de auditores y abogados que revisó contratos, documentación financiera y registros operativos de la empresa. El objetivo, según la estatal petrolera, es verificar el cumplimiento normativo y recabar información para las investigaciones en curso.
Durante la inspección, Akly informó que se hallaron documentos relacionados con las operaciones de Botrading, los cuales serán trasladados a Bolivia para su análisis dentro de las pesquisas abiertas.
“Esta oficina era el centro de operaciones de funcionarios vinculados al gobierno anterior y donde YPFB se convirtió en un trader. Dentro de las investigaciones tenemos registros de todas las operaciones que ha realizado esta empresa”, afirmó la autoridad.
Las oficinas inspeccionadas se encuentran en el piso 15 de un centro empresarial de la capital paraguaya, desde donde —según YPFB— se realizaban operaciones vinculadas a la intermediación en la compra de combustibles para el país.
INVESTIGACIÓN POR
DAÑO ECONÓMICO
El denominado caso Botrading investiga presuntas irregularidades en la subsidiaria creada en Paraguay para intermediar en la adquisición de carburantes. Las denuncias apuntan a posibles sobreprecios, negociaciones irregulares y un presunto daño económico al Estado.
Akly sostuvo que la empresa habría sido constituida fuera de Bolivia para evitar los procedimientos de contratación establecidos por la estatal petrolera.
“La diferencia estaba en la forma de pago. Compraban combustibles al contado, entregaban el producto y se pagaba el mismo día. En nuestros contratos habituales los pagos tienen plazos de hasta 120 días, lo que genera un diferencial financiero importante”, explicó.
Según la autoridad, ese diferencial habría sido aprovechado por la empresa intermediaria para generar ganancias indebidas; aunque el monto total del posible daño económico aún se encuentra en proceso de cuantificación.
MÁS DE 30 INVESTIGADOS
El titular de YPFB indicó que la investigación alcanza a más de 30 personas, entre ellas exautoridades, exdirectores y expresidentes de gestiones anteriores de la estatal, quienes —según las denuncias— habrían utilizado a la empresa como un “botín político”.
Akly señaló, además, que la documentación recolectada será remitida al Ministerio Público y a la comisión que investiga el caso para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
REESTRUCTURACIÓN EN
LA ESTATAL PETROLERA
En paralelo, el ejecutivo confirmó que YPFB atraviesa un proceso de reestructuración institucional que derivó en la desvinculación de más de 400 funcionarios, a quienes se acusa de filtrar información y participar en presuntos sabotajes internos.
“Durante años la empresa fue mal utilizada. Queremos gente técnica, proba y comprometida con la reconstrucción de YPFB”, sostuvo.
Asimismo, indicó que la estatal heredó una deuda cercana a 900 millones de dólares con proveedores internacionales de hidrocarburos, situación que —según afirmó— se encuentra en proceso de regularización mediante gestiones diplomáticas y comerciales para restablecer la confianza de los suministradores.
Fuente: La Estrella
