El nuevo Gobierno continúa revelando irregularidades heredadas de la anterior administración, y esta vez la preocupación apunta directamente al mercado de los carburantes. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estimó que cerca del 30% del combustible subvencionado podría estar siendo desviado hacia el contrabando, una cifra que evidencia la magnitud del daño económico causado por estas prácticas ilegales. La directora Margot Ayala informó que la estimación es preliminar, pero surge de los análisis más recientes realizados por la institución.
Ayala explicó que los sistemas de control, incluido el B-SISA, están siendo evaluados exhaustivamente para identificar fallas y detectar rutas de desvío. Según la autoridad, la situación no se limita a brechas técnicas, sino que involucra presunta participación interna. Funcionarios de Sustancias Controladas, YPFB y la propia ANH habrían facilitado el transporte ilegal de combustibles, contribuyendo a lo que la directora describió como un deterioro prolongado del control estatal en el sector energético.
La titular de la ANH señaló que estos hechos se enmarcan en una cultura de impunidad que habría permitido que los responsables actuaran con total libertad durante años. Indicó que los hallazgos serán sometidos a auditorías y anticipó repercusiones legales, subrayando que la falta de consecuencias alimentó la continuidad de estas redes. Para Ayala, este comportamiento demuestra que la debilidad institucional fue aprovechada por grupos que operaban con mecanismos cada vez más sofisticados.
El fin de semana, la ANH ejecutó un operativo sorpresa en la Planta de Almacenaje de Senkata, donde identificó la presencia de “mafias organizadas” dedicadas al desvío de carburantes. La intervención dejó un aprehendido y una persona con detención domiciliaria, un resultado que Ayala calificó como una muestra de la estrategia que se pretende implementar. La autoridad advirtió que incluso pequeñas incautaciones pueden derivar en sanciones severas, recordando que tanto bidones como cisternas completas pueden llevar a confiscaciones y procesos penales inmediatos.
