Durante casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo, el gasto en propaganda estatal alcanzó niveles extraordinarios que desbordaron cualquier lógica de priorización pública. Según cálculos del economista Julio Linares, el Estado destinó alrededor de 5.182 millones de bolivianos entre 2006 y 2023 para sostener una maquinaria comunicacional sin precedentes, enfocada tanto en proyectos concluidos como en obras de escasa utilidad social, incluida la polémica infraestructura del Museo de Orinoca.
El análisis muestra que entre 2010 y 2018 el gasto en comunicación oficial superó los 5.396 millones de bolivianos, una cifra mayor que toda la inversión de ese mismo periodo en salud y educación. Esta desproporción evidenció que la estrategia comunicacional del gobierno se anteponía a las necesidades esenciales, transformando la publicidad en un instrumento de autopromoción política y culto al liderazgo presidencial, reproducido en todos los medios posibles.
La consolidación de un sistema de medios estatales absorbió otros 1.319 millones de bolivianos y amplió el alcance de la propaganda gubernamental. Linares sostiene que esta estructura operó como una “mentira institucionalizada”, destinada a manipular la opinión pública a través de campañas permanentes y mensajes dirigidos especialmente a sectores vulnerables. De los 5.182 millones gastados, la mayor parte provino del Órgano Ejecutivo, mientras que entidades descentralizadas y empresas públicas completaron el financiamiento.
La investigación revela que el Ministerio de Comunicación llegó a ubicarse entre las diez carteras con mayor presupuesto del Ejecutivo, superando incluso a áreas estratégicas como Justicia, Minería o Culturas. En años electorales, el incremento era aún más evidente, reforzando la lógica de una propaganda concebida para sostener el discurso hegemónico del poder. Entre 2010 y 2018, el gasto comunicacional creció un 328%, pasando de 210 millones a 900 millones de bolivianos.
Durante la gestión de Luis Arce, esta tendencia se mantuvo sin grandes cambios. Datos sistematizados por Bolivia Verifica indican que solo entre julio y noviembre de 2025 se adjudicaron 31,1 millones de bolivianos en contratos publicitarios distribuidos en 42 medios. Cadenas como PAT, Unitel, Red Uno y Gigavisión recibieron los montos más altos, mientras que el Ministerio de la Presidencia concentró más del 77% del total, reforzando la centralización del gasto.
Para Linares, el IIADI y diversos medios, la publicidad oficial funcionó como un instrumento de control político y simbólico destinado a sostener la hegemonía del MAS. El gasto sostenido en propaganda, medios estatales y actos públicos configuró una estrategia permanente de legitimación, con costos económicos y democráticos que aún se evalúan. No obstante, eliminar totalmente la publicidad gubernamental también generaría vacíos informativos que afectarían la comunicación estatal en áreas clave.
El desafío, concluyen los análisis, no es suprimir la publicidad estatal sino transformarla en un mecanismo transparente, fiscalizado y al servicio del interés público. Regularla bajo criterios de utilidad real y equilibrio informativo es esencial para impedir que vuelva a convertirse en una herramienta de propaganda personalista y en un símbolo del uso político de los recursos públicos.
