El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, informó este martes que Bolivia habría dejado de percibir cerca de 900 millones de dólares debido a la imposición de visas a países que, según dijo, no representaban un riesgo migratorio real. La medida, aplicada años atrás sobre criterios “ideológicos y no técnicos”, habría generado una caída drástica en el turismo y afectado a economías locales en distintos destinos del país.
Aramayo detalló que, solo en el caso de Estados Unidos, el cobro de 160 dólares por visado provocó una reducción importante del flujo de visitantes, causando pérdidas anuales de aproximadamente 5 millones de dólares. Situación similar se registró con el turismo proveniente de Israel, donde el cobro de 50 dólares derivó en una disminución histórica de visitantes, afectando a regiones como Rurrenabaque, que dependen ampliamente de ese mercado.
El canciller confirmó que la reciente eliminación de visas estará acompañada de nuevos mecanismos de seguridad migratoria, entre ellos el establecimiento de una tasa turística, mayor control en fronteras, sistemas de registro más rigurosos y el intercambio de información con otros países. Aclaró que esta decisión “no implica abrir las fronteras sin control”, sino modernizar los procedimientos y alinearse con estándares internacionales.
Aramayo afirmó que la estrategia forma parte de una política de Estado orientada a impulsar el turismo mediante mejoras en aeropuertos, mayor conectividad aérea, fortalecimiento hotelero y una mejor promoción de los destinos culturales y naturales de Bolivia.
En el ámbito de relaciones exteriores, señaló que Bolivia trabaja en acuerdos bilaterales con países beneficiados por la exoneración de visas y busca, a mediano plazo, avanzar hacia condiciones que permitan aspirar a la exoneración del visado Schengen para ciudadanos bolivianos. Para ello, sostuvo, el país debe recuperar la confianza internacional mediante controles rigurosos, emisión segura de documentos y cooperación migratoria.
Aramayo proyectó que, entre 2026 y 2029, la recaudación turística podría elevarse de 240 a 320 millones de dólares, sin considerar el impacto positivo adicional sobre transporte, gastronomía y servicios.
Con estas medidas, el Gobierno busca reposicionar a Bolivia en el mercado turístico global y dinamizar las economías regionales que dependen de esta actividad.
