Tras los allanamientos simultáneos realizados por la Fiscalía en oficinas de YPFB en el eje central del país, el sector del transporte pesado se pronunció sobre las irregularidades detectadas en la cadena de distribución de combustibles. Juan Yujra, dirigente de este sector, afirmó que las denuncias sobre desvíos y contrabando de carburantes fueron hechas por su gremio desde hace más de dos años, sin recibir una respuesta estructural de las autoridades.
Según Yujra, durante este periodo se habría registrado la desaparición de cisternas completas, además de un creciente “contrabando hormiga” en zonas fronterizas, donde grupos trasladan hasta 200 litros por viaje para revender el combustible a un precio más elevado fuera del país.
“La subvención es un cáncer. Siempre va a haber desvíos de combustible mientras siga existiendo”, manifestó. Agregó que el problema no se resolverá únicamente con detenciones ni con el incremento de efectivos policiales. “Hay que trabajar levantando la subvención; mientras no se toque ese tema, el combustible va a seguir faltando”, sostuvo.
El dirigente también cuestionó el monto revelado por YPFB, que estimó en 1.000 millones de dólares las pérdidas ocasionadas por operaciones irregulares internas y externas. Aseguró que la cifra podría ser incluso mayor, dado que muchos casos no habrían sido detectados.
Yujra señaló que la marcada diferencia de precios entre Bolivia y los países vecinos sigue alimentando un negocio altamente lucrativo para redes de contrabando.
“El Gobierno sigue subvencionando, sigue regalando plata. Compran aquí barato y lo venden más caro afuera. Esto ya no se puede seguir permitiendo”, afirmó.
Finalmente, reiteró que eliminar la subvención permitiría normalizar el abastecimiento, reducir los incentivos para el desvío de combustible y frenar la corrupción que, según su sector, se ha profundizado debido a la brecha de precios en la región.
