Medios bolivianos y plataformas especializadas en temas judiciales resaltaron este martes la denuncia penal presentada por dos magistradas electas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra cinco magistrados que permanecen en sus cargos bajo la figura de autoprórroga. La acusación se fundamenta en la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y falsedad material tras la aprobación de un auto constitucional en completo hermetismo.
Diversos portales informativos como Unitel Digital, Erbol y Brújula Digital subrayaron las declaraciones de la magistrada Verónica Prudencio, quien junto a la magistrada Amalia Laura Villca formalizó la denuncia. Prudencio explicó que el auto constitucional 070/2025, emitido el 31 de octubre, habilita una tercera autoprórroga para los cinco magistrados prorrogados desde 2023, decisión que —según dijo— se tomó sin conocimiento ni participación de los cuatro magistrados electos en los comicios de 2024.
Medios jurídicos internacionales y analistas consultados por plataformas especializadas destacaron la gravedad de la acusación, especialmente por el señalamiento de que el documento fue aprobado sin pasar por la Sala Plena completa, contraviniendo la normativa interna del TCP. Prudencio afirmó que incluso solicitaron un informe a secretaría general, entidad que respondió que no se remitió el documento porque los magistrados electos “no participaron de las anteriores resoluciones”.
Los reportes de prensa detallan que el auto en cuestión establece que los magistrados prorrogados no dejarán sus cargos hasta que se convoquen nuevas elecciones y asuman sus sucesores, disposición que —según Prudencio— limita las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es la instancia facultada para cesar funciones y viabilizar los comicios judiciales.
La estructura actual del TCP, señalada por los medios, está conformada por nueve magistrados: cuatro electos en 2024 —Paola Prudencio, Amalia Laura Villca, Boris Arias y Ángel Dávalos— y cinco prorrogados desde diciembre de 2023 —Gonzalo Hurtado, René Espada, Isidora Jiménez, Karen Gallardo y Julia Cornejo—. La denuncia presentada profundiza el debate respecto al funcionamiento interno del órgano constitucional y la legitimidad de las decisiones adoptadas bajo el régimen de prórroga.
Distintos análisis difundidos por la prensa interpretan este nuevo conflicto como un capítulo más en la tensión institucional que atraviesa el sistema judicial boliviano, a la espera de que se definan los plazos para la realización de las elecciones judiciales.
