El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, afirmó este martes que la subvención de harina destinada a la producción del pan de batalla no continuará, debido a que este mecanismo habría sido utilizado para enriquecer a “clanes y mafias” que, según denunció, desviaban recursos públicos en perjuicio de la población.
Serrano explicó que en los últimos cuatro años se destinaron cerca de mil millones de bolivianos a esta subvención, pero una parte significativa de esos fondos no habría sido correctamente administrada. Aseguró que las personas involucradas en estos hechos deberán someterse a la Justicia y responder por el daño económico causado.
Las declaraciones del viceministro se producen en un contexto marcado por la subida del precio del pan, que desde este lunes pasó de 50 centavos a 80 centavos, decisión asumida por el sector panificador y rechazada por buena parte de la población. Ante este escenario, Serrano reiteró que el modelo de subsidio “que ha servido a la corrupción ya no va más”, aunque aclaró que el Gobierno buscará alternativas para garantizar que el pan llegue a la ciudadanía “al precio más adecuado”.
Serrano detalló que el esquema irregular consistía en que personas vinculadas a los beneficiarios del subsidio importaban harina a precios elevados para luego venderla a Emapa, entidad que la entregaba a los panificadores a un costo menor. La diferencia era cubierta por el Estado.
Además, se detectaron casos de panificadores inexistentes, que figuraban en las listas de beneficiarios sin operar realmente, lo que permitió el desvío de grandes volúmenes de harina.
El viceministro informó que ya se presentaron denuncias formales contra los presuntos responsables y que se espera que todos rindan cuentas ante la Justicia.
“Los autores de estos delitos deben rendir cuentas. Esperemos que no se fuguen y paguen por el daño económico que se ha hecho al país”, declaró.
Con esta decisión, el Gobierno busca cerrar un ciclo de irregularidades asociado al subsidio y avanzar hacia un modelo más transparente que permita garantizar el abastecimiento sin favorecer prácticas ilícitas.
