La situación judicial del exsecretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, dio un giro crítico tras revelarse indicios de presuntos pagos irregulares vinculados al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entre las denuncias se destaca la entrega de 40 mil bolivianos, señalada por testigos y respaldada por documentos presentados ante la Fiscalía. Las autoridades consideran que el caso podría exponer prácticas sistemáticas de abuso de poder dentro de la estructura sindical y estatal.
El fiscal anticorrupción Aldo Meza informó que existen elementos sólidos para sostener una investigación por uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y coacción. La denuncia principal, presentada por el abogado Abel Loma, está reforzada por el testimonio de Claudia Cortez, quien detalló las entregas de dinero y proporcionó una carta notariada que compromete tanto a Huarachi como al exministro Juan Santos Cruz. La Fiscalía analiza cada documento para determinar el alcance real de los hechos.
En las próximas horas, el Ministerio Público presentará la imputación formal y solicitará la detención preventiva de Huarachi, alegando riesgos de fuga y obstaculización del proceso. La defensa sostiene que la aprehensión fue ilegal y que no existen motivos para aplicar una medida tan restrictiva. Sin embargo, la Fiscalía considera que la gravedad de los hechos y el poder de influencia del exdirigente justifican una acción inmediata para asegurar la continuidad de la investigación.
La pesquisa también apunta a desarticular una presunta red de cobros ilícitos que habría operado en otras instituciones públicas, entre ellas la Caja Nacional de Salud, con el objetivo de recuperar recursos presuntamente desviados. Para las autoridades, el caso podría destapar uno de los esquemas de corrupción más sensibles de los últimos años, en los que la estructura sindical y funcionarios estatales habrían operado de manera coordinada para beneficiarse con fondos públicos.
Fuente Radio Panamericana
