Tras el fallo agroambiental y el retiro de plataformas flotantes, San Jacinto vive un fin de semana atípico: baja afluencia, locales semivacíos y un debate abierto sobre orden, higiene y turismo
El fin de semana, un equipo de prensa de El País visitó la represa del Lago San Jacinto, tradicional paseo dominical de los tarijeños y parada obligada para quienes llegan a la capital chapaca. El panorama dista del bullicio habitual que durante años convirtió a este espacio en una verdadera “joya” del turismo popular local.
Lo primero que salta a la vista es la ausencia de las plataformas y estructuras flotantes que hasta hace algunas semanas seguían operando. Ya no están los inflables ni los muelles improvisados que copaban la orilla. Solo permanecen las típicas chalanas que ofrecen paseos alrededor del lago, con chalecos salvavidas de colores flúor que contrastan con el azul del agua y el verde de los cerros.
La afluencia de visitantes también ha disminuido notoriamente. En comparación con los fines de semana tradicionales, cuando encontrar mesa libre era casi imposible, esta vez varios locales tenían apenas una o dos mesas ocupadas. El personal, que antes se movía con prisa entre pedidos y bandejas, hoy esperaba en las puertas, “balconeando” a los pocos visitantes que caminaban por el estrecho tramo que concentra los restaurantes.
La inversión en el lugar es evidente. Muchos locales exhiben una cuidada ambientación con motivos típicos de Tarija: estatuas de chapacas y chapacos, racimos de uvas, cántaros de barro convertidas en pequeñas “cascadas” de vino, murales costumbristas y detalles que buscan reforzar la identidad regional. Sin embargo, el contraste entre ese esfuerzo decorativo y el entorno inmediato revela problemas que van más allá de lo estético.
Falta orden. El control vehicular es casi inexistente en el angosto acceso que atraviesa la zona gastronómica. A ello se suma la presencia constante de perros que deambulan entre mesas y cocinas. En varios puntos se observaron depósitos de basura deteriorados, rebalsados y hasta forzados, con residuos esparcidos en el suelo: pañales, latas y envases de bebidas alcohólicas que afectan la imagen del lugar y generan malos olores.
Otro tema que preocupa a los visitantes es el control en la manipulación de alimentos. En redes sociales circulan denuncias sobre comida recalentada o almacenada por días: papas fritas reutilizadas, arroz guardado, misquinchos con olor desagradable. Más allá de que cada caso deba verificarse, el reclamo ciudadano apunta a la necesidad de mayor fiscalización sanitaria, capacitación al personal y cuidado en la presentación, desde la higiene hasta la imagen de quienes atienden, factores clave para atraer y fidelizar comensales.
En el ingreso a la zona de la represa también llaman la atención oficinas y un antiguo local enmallado, con aspecto de abandono total. La sensación general es la de un espacio que, pese a su potencial, atraviesa un momento de transición e incertidumbre.
El fallo que marcó un antes y un después
El 10 de febrero, el Juzgado Agroambiental de Tarija emitió una resolución que ordena el desalojo y levantamiento de todas las cabañas flotantes construidas sobre el lago. La decisión se enmarca en un proceso que cuestiona la legalidad de las edificaciones asentadas en terrenos que pertenecen al proyecto múltiple San Jacinto y que, según las autoridades, no cuentan con derecho propietario ni licencia ambiental.
El 23 de febrero, una comisión multidisciplinaria e interinstitucional notificó formalmente a propietarios de entre 9 y 15 establecimientos para que asuman defensa y presenten descargos, sin perjuicio de su derecho a apelar. Entre las principales observaciones figura la descarga directa de aguas residuales al lago, debido a la falta de sistemas adecuados de almacenamiento y tratamiento, lo que representa un riesgo para el ecosistema y la salud pública.
Las autoridades insisten en que el proceso no busca afectar el turismo, sino encaminarlo hacia un desarrollo seguro y compatible con el medio ambiente. El seguimiento al caso, aseguran, se realiza desde hace aproximadamente dos años.
Demoler es “imposible”
En este contexto, el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Efraín Rivera, sostuvo que la demolición de los negocios no es una opción viable.
“Estando en ilegalidad no puedes tener un control individual”, explicó, al señalar que son 18 propietarios identificados. Tras el retiro de muelles flotantes —que calificó como una “primera batalla”— se abre ahora una segunda fase enfocada en la inocuidad alimentaria, el tratamiento de aguas servidas y el manejo de residuos.
Rivera planteó la posibilidad de buscar soluciones normativas, incluso mediante un decreto departamental o nacional, que permita regularizar la situación y generar títulos que posibiliten un control efectivo. “Demoler va a ser imposible porque vas a afectar economía, infraestructura e inversiones de gente que ya ha venido realizando año tras año”, afirmó.
Mientras tanto, los muelles flotantes comienzan a desaparecer y el movimiento se reduce. El desafío es grande: recuperar el orden sin apagar el motor económico que representa San Jacinto. Hoy, esta “joya” del turismo popular tarijeño luce golpeada, con menos brillo y menos visitantes, pero aún con el potencial intacto para reinventarse si se logra el equilibrio entre legalidad, salud pública y sostenibilidad ambiental.
San Jacinto, en transición
Tras el retiro de plataformas flotantes y las notificaciones judiciales, la represa muestra menor afluencia y locales semivacíos. La Gobernación apuesta por regularizar sin demoler y reforzar controles sanitarios.
Fuente: El País
